La Comisión para el Mercado Financiero multó al presidente de Azul Azul con 65.000 UF e impuso una inhabilitación de cinco años, una decisión que remece la estructura directiva de la Universidad de Chile y abre dudas sobre su continuidad.
Por: Javier Cisternas Cornejo
La CMF dictó una sanción histórica contra Michael Clark, actual presidente de la concesionaria Azul Azul, al imponerle una multa de 65.000 UF e inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos directivos en entidades reguladas. La medida, enmarcada en el caso Sartor AGF, golpea directamente la gobernanza de Universidad de Chile y desata una crisis interna en momentos clave para el club.
La resolución del regulador sostiene que Sartor AGF incurrió en infracciones graves y reiteradas, entre ellas la entrega de información falsa al mercado y una administración calificada como “manifiestamente negligente”. Dentro de las operaciones observadas, la CMF señaló que la gestora usó recursos de sus fondos para otorgar créditos a sociedades relacionadas con sus propios directores, sin contar con las garantías ni los resguardos exigidos por la normativa. La gravedad del caso llevó, además, a revocar la autorización de existencia de la administradora.
Clark respondió rápidamente a la sanción y aseguró que apelará en todas las instancias disponibles. Afirma que no dejará la presidencia de Azul Azul mientras la resolución no quede firme judicialmente, por lo que su continuidad dependerá ahora de los tiempos y resultados del proceso legal que viene por delante. La multa, que supera los 2.500 millones de pesos, representa una de las sanciones individuales más altas aplicadas por la CMF en los últimos años.
El futuro de Azul Azul queda así envuelto en un clima de incertidumbre. Si la inhabilitación se mantiene, Clark podría verse obligado a dejar su rol en la mesa directiva, generando un reacomodo interno de alto impacto. El episodio también repercute en la percepción pública del club y en la relación con la Universidad de Chile, en medio de proyectos sensibles como el avance hacia un estadio propio y la planificación deportiva para la próxima temporada.
La CMF dejó abierta la posibilidad de remitir los antecedentes al Ministerio Público, lo que podría derivar en un capítulo judicial aún más complejo.
